miércoles, 8 de diciembre de 2021

GRUPOS ARMADOS ATENTAN CONTRA COMUNIDAD CAMPESINA EN EL MUNICIPIO DE PAILITAS - CESAR, ANTE EL SILENCIO COMPLICE DE ORGANISMOS CIVILES Y DE LA FUERZA PÚBLICA

ACCIÓN URGENTE

Denunciamos ante la comunidad Nacional e Internacional y Organismos de Control el atentado que sufrió la comunidad campesina asentada en el predio CALANDAIMA, que está siendo recuperado desde hace 4 meses aproximadamente y que la comunidad denomina asentamiento LA VICTORIA, el cual se encuentra en parte de la jurisdicción del municipio de Pailitas en el departamento del Cesar, lo anterior sumado a las presiones y hostigamientos de diferente índole por parte de los diferentes interesados en el predio mencionado.

ANTECEDENTES 

Desde que la comunidad campesina llegó al predio CALANDAIMA, aproximadamente hace 4 meses, han recibido hostigamientos permanentes, los cuales comprenden amenazas, disparos, toma de fotografías y videos, estos últimos por parte del señor ELVIS DE JESÚS GALVIS (presunto trabajador del fondo ganadero de Santander) y del abogado que identifican como SAID ALBERTO BOTELLO, han tenido un actuar intimidatorio con la recolección de fotografías y videos desconociendo dicho material en manos de quien ira a terminar.

El 17 de octubre de 2021, el señor ELVIS DE JESÚS GALVIS ingresó a una persona encapuchada al asentamiento LA VICTORIA (calandaima) al que presentó como su hermano, el cual portaba un arma corta (Revólver calibre 38 corto), se desconoce si esta persona tiene permiso para el porte de armas, igualmente anda con un supuesto primo suyo, el cual es menor de edad y anda armado, también nos permitimos denunciar que el señor ELVIS porta arma de fuego calibre 9 mm. Para finales del mes de octubre, el supuesto primo de ELVIS GALVIS, disparó contra miembros de la comunidad, afortunadamente no se presentaron heridos, se lograron recolectar cartuchos de la munición 9 mm utilizada.

El 1 de diciembre, sobre la ruta del sol en el tramo que conduce hacia el corregimiento de Zapatosa (Pailitas - Cesar), se observó una camioneta blanca de platón, en la cual se movilizaban 3 sujetos, uno de ellos de tez negra, alto, cabello rizado y de contextura gruesa, el segundo sujeto de tez blanca y ojos claros, cabello lacio, contextura delgada y care fileño, a quienes se han observado al parecer movilizándose con el abogado SAID ALBERTO BOTELLO.

El 2 de diciembre, siendo las 9:00 de la noche, estaba reunida la comunidad del asentamiento LA VICTORIA, cuando escuchan un ruido de unas hélices y miran hacia el cielo y era un dron, el cual estaba sobrevolando el sitio de la reunión, después de esto el dron sale dirigido hacia el asentamiento de ZAPATOSA que se llama CANAN, retorna 5 minutos después y tenía encendida una luz de color azul. Cuando este regresó tomo dirección hacia el corregimiento de las vegas (Chimichagua) sobre la ruta del sol, sitio en el cual enciende una luz roja para aterrizar.

La comunidad se colocó en alerta y se dirige hacia el corregimiento de las vegas, el cual se encuentra a unos 3 kilómetros aproximadamente, en el camino hay un retorno y allí estaban estacionadas dos camionetas entre las cuales se encontraban una minivan y una camioneta de platón, las cuales se lograron identificar con las placas JSO 229 de Restrepo MARCA ALASKAN BLANCA y el segundo vehículo con las placas DUX 330 de Girón MARCA PEUGEOT BLANCA, en el momento en que la comunidad llega, encuentra 5 personas vestidas con ropa azul y botas marca bates (Botas tácticas militares), se les solicitó que se identificaran y se negaron a presentar documentos, al final después de ver que la comunidad no se iba, dijeron ser miembros de la empresa ISSA pero no presentan ningún carné de identificación, en el sitio se encontraron dos drones.

Se siguió indagando por quienes eran, evadían las preguntas, la comunidad encuentra maquillajes y un montaje de yeso como de una mujer embarazada, se hizo el llamado a la policía del corregimiento las vegas porque el ejército de la unidad meteoro que pasaba por la zona, dijo que no podían comprometerse en ese procedimiento, sobre las 10:30 p.m., llegó la policía y se presentó el sargento encargado de dicha estación, y sobre las 11:20 de la noche lo único que nos dicen es que son funcionarios de ECOPETROL, pero los vehículos y sus prendas no tenían ningún distintivo de dichas empresas, es decir, de ISSA o ECOPETROL, siendo encubiertas sus actuaciones por la policía.

Sumado a lo anterior, y después de haber denunciado los presentes hechos, ni la policía, ejército, fiscalía, personería y alcaldía, han dado respuesta alguna para garantizar la vida e integridad física de la comunidad campesina que se encuentra en proceso de recuperación del predio mencionado, pero sus actuaciones si avanzan para garantizar los derechos de los terratenientes y ganaderos que están disputando el predio con las comunidades, privilegiando la propiedad privada por encima del derecho a la vida.

Es así, como el viernes 3 de diciembre se le notifica a la comunidad del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, el cual ha sido violatorio del debido proceso y del derecho a la defensa que tiene la comunidad, esto en el afán del inspector de policía el señor HERIBERTO JARAMILLO MINORTA y del señor alcalde CARLOS JAVIER TORO VELÁSQUEZ, quienes notifican a la comunidad de visita ocular para los días 6 y 7 de diciembre, inspección que no se llevó a cabo desconociendo los motivos, pero si se presentan nuevos hechos de amenazas de muerte y desplazamiento forzado contra la comunidad en medio del contexto mencionado.

En la noche del 5 de diciembre siendo las 8:30 aproximadamente, estaba reunida la comunidad campesina en el asentamiento LA VICTORIA, cuando ingresan dos motocicletas marca GN, una color roja y otra azul, de las cuales descienden 4 sujetos armados y usando tapabocas, uno de ellos encapuchado y con una pañoleta militar, inmediatamente le dicen a la comunidad que no corran y que se reúnan, estas personas portaban dos revólver y dos pistolas, según lo manifestado por la comunidad se identificaron como supuestos miembros del FRENTE 41 DE LAS FARC-EP y les dan el plazo de 12 horas para desocupar el predio o los iban a asesinar, en eso la comunidad aterrorizada comienza a correr y los supuestos miembros de las FARC comenzaron a disparar y lanzaron una granada de mano, afortunadamente no hubo heridos de gravedad por los disparos, pero uno de los labriegos si fue impactado por las esquirlas de la granada en su espalda.
 
En el sitio fue dejado un panfleto elaborado a mano y una bandera de Colombia con las siglas de FARC-EP FRENTE 41 y el plazo para desocupar. Al día siguiente, es decir, el 6 de diciembre retornó la comunidad en horas de la mañana, y hace presencia la policía y el ejército, recolectaron varios elementos de prueba con las manos y sin manejo de los procedimientos de embalaje y cadena de custodia que debe manejar la policía judicial, contaminando la escena y llevando las pocas pruebas de lo sucedido, lo que preocupa a la comunidad por cuanto dichos elementos están desaparecidos, no se levantó ningún acta o fijación fotográfica por parte de dichos funcionarios que hicieron presencia, pareciera más una forma de encubrir lo sucedido que el interés de iniciar las investigaciones del caso y judicializar a los responsables.
 
A pesar de lo sucedido, el mismo 6 de diciembre en horas no hábiles laborales, hace presencia la personera municipal de Pailitas JESSICA ROJAS VILARDI junto con el inspector de policía HERIBERTO JARAMILLO MINORTA, no con otra labor de notificar nuevamente un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho para los días 9 y 10 de diciembre de la presente anualidad, sin garantizar el debido proceso de la comunidad campesina, muy a pesar de los hechos de violencia, amenazas, tentativa de homicidio, lesiones personales entre otras conductas delictivas de las cuales son victimas la comunidad campesina asentada en el predio CALANDAIMA y que la representante del ministerio público en este caso en cabeza de JESSICA ROJAS VILARDI desconoce y omite funciones propias de su cargo para garantizar la vida e integridad física de las comunidades campesinas que se encuentran en el sitio de los hechos.
 
Vemos con preocupación la parsimonia y el silencio sospechoso de las entidades Estatales tanto de carácter civil como de carácter militar, con estos grupos armados que están presionando y atentando contra las comunidades que se encuentran en proceso de recuperación del predio CALANDAIMA, donde a pesar de las múltiples denuncias hechas por parte de la comunidad se desconoce si la fiscalía está investigando y no se ha decretado ninguna medida de protección a favor de las comunidades. En medio de amenazas, persecución, atentados contra la vida e integridad física de las comunidades, los entes de control y de investigación guardan silencio y no actúan, y los que han actuado como la policía y ejército lo han hecho para llevarse los elementos de prueba sin manejo de cadena de custodia o procedimientos legales que se requieren, permitiendo que la impunidad reine antes los hechos aquí denunciados.
 
Hacemos responsable al Estado Colombiano, al Ministerio de defensa y Ejército Nacional, Policía nacional y la regional Cesar, al alcalde de Pailitas CARLOS JAVIER TORO VELÁSQUEZ, la personera de Pailitas JESSICA ROJAS VILARDI, al inspector de policía HERIBERTO JARAMILLO MINORTA, a ELVIS DE JESÚS GALVIS y al abogado que representan al fondo ganadero de Santander el señor SAID ALBERTO BOTELLO, igualmente; a las presuntas disidencias del FRENTE 41 DE LAS FARC-EP y grupos paramilitares de los rastrojos que operan y se mueven en el municipio de Pailitas - Cesar, de cualquier atentado contra la vida e integridad física, violación a los derechos humanos y fundamentales de las comunidades campesinas que se encuentran en proceso de recuperación del predio CALANDAIMA.
 
Exigimos a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones necesarias sobre los hechos que se configuran como delitos en contra de la humanidad de quienes habitan los asentamientos LA VICTORIA, NUEVA ESPERANZA y CANAN e informen sobre los radicados a quienes lo conforman. A la Procuraduría General para que inicie y lleve a su culminación las investigaciones disciplinarias pertinentes contra los funcionarios nombrados quienes han omitido el cumplimiento de sus obligaciones como garantes de los derechos de la población y a la Defensoría del pueblo para que en adelante garanticen los derechos humanos de los campesinos y campesinas del municipio de Pailitas que adelantan el proceso de recuperación de tierras en el predio CALANDAIMA de manera digna y pacífica.

 COMITÉ DE PROMOCIÓN Y ACCIÓN JURÍDICA POPULAR

viernes, 19 de noviembre de 2021

Rechazo por el asesinato del joven campesino Michelsen Vargas Velazco en el Municipio de Bolívar Santander a manos del ESMAD.




Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos rechazamos categóricamente el asesinato de Michelsen Vargas Velazco, joven campesino de 31 años, oriundo del corregimiento Santa Rosa, Municipio de Bolívar, Santander, quien, el 13 de noviembre en ejercicio legítimo del derecho a la protesta social que se desarrollaba en contra CENIT[1] y Ecopetrol, fue atacado y herido gravemente por agentes del ESMAD.  Luego de 5 (cinco)  días en una UCI de Tunja, el 18 de noviembre falleció producto de la brutal agresión. 

 

Los campesinos y trabajadores del Municipio de Bolívar completan más de 50 días de protesta contra CENIT y Ecopetrol por el incumplimiento de acuerdos entre la empresa y las comunidades.  La movilización se desarrolló en la Estación de Bombeo Santa Rosa, en el Poliducto del Oriente, que conduce la gasolina a Bogotá D.C. mediante tubería de 20 pulgadas. Las exigencias de la comunidad van desde reubicaciones por la demolición de varias viviendas,  deterioro de las vías, afectaciones ambientales y la irregular contratación de personal de seguridad, entre otras.

 

La comunidad denuncia que durante la protesta ha sido atacada en más de cuatro (4) oportunidades por el Ejército y la Policía. El 13 de noviembre mientras la comunidad en movilización desarrollaba actividades lúdicas con niños, niñas y personas de la tercera edad, la Policía y el ESMAD irrumpieron violentamente.   A pesar de que por micrófono se les advirtió que en el evento había niños y personas de la tercera edad, esto no les persuadió del brutal ataque que dejó varias personas heridas y detenidas arbitrariamente[2].

 

Michelsen Vargas Velazco fue impactado en su cabeza por un proyectil del ESMAD mientras protegía la vida y la integridad de los niños, niñas, personas de la tercera edad y demás miembros de la comunidad atacada indiscriminadamente.  Sin tener en cuenta la evidente gravedad de sus heridas fue esposado en el suelo, detenido arbitrariamente, negando de facto la asistencia médica oportuna. 

 

A pesar de las manifestaciones y los reclamos nacionales e internacionales por el desmonte del ESMAD, éste sigue atentando indiscriminadamente contra la vida y la integridad de los colombianos.  Por tanto, exigimos que cesen las prácticas genocidas y de exterminio al pueblo que, legítimamente se moviliza, se opone a la degradación ambiental y lucha por la permanencia en los territorios.  

 

Exigimos justicia pronta y castigo a los autores materiales e intelectuales del homicidio de Michelsen Vargas Velazco y de todos los líderes y lideresas asesinadas por el Estado.  Hoy las organizaciones sociales y de derechos humanos  alzamos una sola voz que grita: paren el genocidio. 


_______________________



[1] CENIT Transporte y Logística de hidrocarburos S.A.S. se creó el 15 de junio de 2012, dentro de sus accionistas se encuentran EPI-Ecopetrol Pipelines International Limited, la sociedad extranjera Equion Energía Limited y la sociedad Sento S.A.S.; esta sociedad comercial se dedica al transporte y almacenamiento de hidrocarburos, sus derivados, productos y afines, a través de sistemas de transporte y/o almacenamientos propios o de terceros en la República de Colombia o en el exterior; actualmente tiene 167’775.741 acciones por valor de $1.981.542’341.959 (Aproximadamente 509.502.208 USD).  ​​Esta empresa ha tenido varios requerimientos de las autoridades por afectaciones ambientales al derramar crudo en ecosistemas sensibles, afectando la biodiversidad y el patrimonio ecológico de los colombianos.

 

[2] El 15 de noviembre de 2021 el Juez de Control de Garantías del caso dejó libre de cargos a los campesinos aprehendidos por la Policía Nacional, en esta oportunidad la justicia verificó los elementos de prueba como los videos que demuestran que el Esmad disparó directamente dentro de una casa donde estaban familias con niños y niñas.



19 de noviembre de 2021.



Congreso Ambiental de Santander CASA AGUAYA 
Javier Giraldo S.J. CINEP
Coordinador Nacional Agrario - CNA 

Corporación Compromiso 

Comité de Promoción y Acción Jurídica Popular 

Red de veedurías ambientales del Sur de Santander

Coordinación de Consejos Comunitarios y organizaciones de base del pueblo negro del Pacífico Colombiano COCOCAUCA. 

Colectivo Popular Guane 

Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, paz y Territorio OBSURDH

Nuevo Amanecer 

Organización de Semillas Nativas de la Amazonía SENAM 

Colectivo Comunero 

Movimiento por la defensa de los derechos de los Pueblos - MODEP 

Tierra de Todos 

Comité de Derechos Humanos de San Gil Santander 

Corporación Cultural Hatvey 

Fundación BAKIA - Defensores de la dignidad de los pueblos

Plataforma de organizaciones sociales de víctimas y defensa de los derechos humanos Nariño 

Juventud Rebelde Colombia 

MOVICE Capítulo Atlántico 

Corporación CEAC 

Caravana la Guajira le habla al País 

Fundación Territorios por la vida digna 

Banco de datos de DDHH y violencia política Quindío

Fundación red de defensores de derechos humanos del campesinado del Putumayo Piamonte Cauca y Cofania Jardines de Sucumbios de Ipiales Nariño  

Corporación Jurídica Libertad  

Madres y comadres Colombia

Observatorio de Paz del Magdalena Medio

Festival del Río 

Red Surgiendo

Comité de Integración Social del Catatumbo - CISCA 

Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro Sur del Cesar Sur del Magdalena y Procesos de Santanderes - CISBCSC 

Asociación de Desplazados de Colombia - ANDESCOL 

El colectivo Julio Antonio Mella

 Federación Estudiantes de Universitarios - UIS

 Acción Florida

 Cut Santander

 Corporación CSOMIANCOL

Asociación para la Investigación y Acción Social NOMADESC

Asociación para la promoción social alternativa "MINGA" 

Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra

Red de Hermandad y Solidaridad Redher

Coordinadora 8 de Marzo 

Corporación Sembrar 

Identidad Estudiantil

Avanzando

Confluencia de Mujeres para la Acción Pública

Comando Metropolitano de Paro

Comité de Derechos Humanos del Común

CORDESTE

ASONALCA

ASFADDES

Batucada Guaricha

Sindicato Nacional de Trabajadores de Carga y Pasajeros - SINTRACAP

Organización Popular La Comuna 

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR







miércoles, 2 de junio de 2021

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

EL CAMPESINADO DEL CENTRO, SUR DEL CESAR Y DEL CATATUMBO RETORNA A SUS TERRITORIOS LUEGO DE DESARROLLAR CON ÉXITO LA ASAMBLEA REGIONAL CAMPESINA Y POPULAR EN CURUMANÍ - CESAR, CON MIRAS A LA PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA NACIONAL POPULAR, Y CONTINUAR MOVILIZÁNDOSE EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL

Desde el 18 de mayo el Campesinado del Centro, Sur del Cesar y del Catatumbo se movilizó en Curumaní y Pelaya en el marco del gran paro nacional iniciado el 28 de abril. Junto a indígenas, estudiantes, sectores juveniles y populares, los días 29 y 30 de mayo, desarrollaron la Asamblea Regional Campesina y Popular para construir propuestas y alternativas de país.

En medio de marchas y cierres pedagógicos en la Ruta del Sol, la jornada de movilización permanente, de acción y reflexión participativa con diversos sectores y organizaciones sociales, consolidó un cúmulo de experiencias y saberes de cada región del Nororiente Colombiano que grita en una sola consigna de unidad:

No queremos un país de pocxs con mucho y muchxs con nada,

luchamos por un país de muchxs con todo y ningunx con nada

El campesinado agradece la solidaridad y apoyo del pueblo en los municipios de Curumaní y Pelaya - Cesar, que resonó con las legítimas exigencias por una sociedad más justa. Así como saluda y reconoce el acompañamiento de la ONU, la MAPP - OEA, y la Defensoría del Pueblo - Regional Cesar, en la mesa de garantías para la protesta social durante esta movilización.

El lunes 31 de mayo todas las delegaciones en movilización regresaron a sus territorios después de una exitosa jornada, continuarán participando permanentemente de los escenarios del paro nacional y preparan la próxima Asamblea Nacional Popular.  Con entusiasmo y dignidad nos unimos.

¡¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!!

¡¡Unidad para avanzar, viva la Asamblea Nacional Popular!!

MOVIMIENTO DE TRABAJADORES, CAMPESINOS Y COMUNIDADES DEL CESAR - MTCC

COMITÉ DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL CATATUMBO - CISCA

FESTIVAL DEL RÍO

JUNTAS UNIDAS DE LOS MUNICIPIOS DE TIBÚ, SARDINATA Y EL ZULIA

COMITÉ DE PROMOCIÓN Y ACCIÓN JURÍDICA POPULAR

miércoles, 26 de mayo de 2021

ACCIÓN URGENTE

GRAVES SEÑALAMIENTO POR PARTE DEL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, A LA MOVILIZACIÓN CAMPESINA DEL ALTO BOBALÍ, CENTRO Y SUR DEL CESAR


26 DE MAYO 2021


El Comité de Promoción y Acción Jurídica Popular denuncia que la estigmatización y los señalamientos por parte del Secretario de Gobierno del Departamento del Cesar EDUARDO ESQUIVEL, ponen en riesgo a las comunidades Campesinas y Populares del Alto Bobalí, Centro y Sur del Cesar que se manifiestan en el marco del paro nacional. 

HECHOS: 

Desde el día 18 de mayo de 2021, las comunidades del Alto Bobalí, Centro y Sur del Cesar que se manifiestan en el marco del paro nacional, han sido víctimas de múltiples hostigamientos, donde se tiene como resultado siete (7) detenciones arbitrarias, amenazas y empadronamientos por parte de la fuerza pública, a pesar de mantener la protesta de forma pacífica.

Tal como se informó públicamente mediante comunicados y denuncias interpuestas por el Comité de Promoción y Acción Jurídica Popular (en adelante el Comité) ante organismos nacionales e internacionales, la estigmatización que se viene realizando por parte de organismos de inteligencia y del representante enviado delegado por el Gobernador de Valledupar, criminaliza y da tratamiento de guerra a la protesta social, declarando objetivo militar a la comunidad campesina y acompañantes, estigmatización que no contribuye a desestigmatizar la protesta social y que hasta el momento a pesar de haber generado una ruta de acción frente al tema NO ha cesado.

El Lunes 24 de mayo de 2021 las comunidades, acompañadas por el Comité, sostuvieron reunión para tratar el asunto de garantías para la movilización social con las administraciones locales en cabeza de los alcaldes del municipio de CURUMANÍ, CHIMICHAGUA, PAILITAS, PELAYA Y LA GLORIA (Departamento del Cesar) y del Municipio de EL CARMEN (N de Sder), junto al Secretario de Gobierno del Departamento del Cesar EDUARDO ESQUIVEL y el secretario de Gobierno del Municipio de Curumaní, actuando como garantes la Defensoría del Pueblo Regional Cesar y como acompañantes la Organización de Naciones Unidas - ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos - MAPP-OEA.

En la reunión se denunciaron los atropellos y estigmatizaciones que han sufrido los manifestantes y sus acompañantes. Además, se adquirieron compromisos institucionales para garantizar el derecho a la protesta social.

Sin embargo, un día después de la reunión, sin haber informado a la mesa de garantías para la protesta social creada en el marco de la concertación, ni a las entidades garantes como la Defensoría del Pueblo Regional Cesar y acompañantes como la ONU y MAPP-OEA; el Secretario de Gobierno del Departamento del Cesar EDUARDO ESQUIVEL, estigmatiza y pone en riesgo la vida e integridad física de la población que legítimamente se moviliza.

El medio de comunicación Radio Guatapurí publica en Facebook las afirmaciones del Sr. EDUARDO ESQUIVEL Secretario de Gobierno del Departamento del Cesar en los siguientes términos, transcritos parcialmente a continuación:

·“Campesinos que protestan en Curumaní estarían presionados por grupos armados. 

Curumaní.

La toma que campesinos mantienen a la altura de la vía a Curumaní, exactamente en la carretera del río Caimito, podría estar siendo presionada por grupos armados.

Así lo dio a conocer el Secretario de Gobierno del Departamento del Cesar, Eduardo Esquivel, al indicar que existe esa información de inteligencia, la cual indica que más exactamente la guerrilla del ELN, estaría ejerciendo dicha presión.

Dijo Esquivel que incluso se conoce que los campesinos que adelantan la protesta estarían recibiendo pagos por parte de este grupo armado ilegal, lo cual se quiere aclarar en la reunión de hoy en la zona donde se produce el bloqueo (...)”

Estas afirmaciones calumniosas e injuriosas ponen en riesgo la vida y la integridad de las comunidades que se movilizan, así como la de las organizaciones de derechos humanos que las acompañan. 

Por los hechos anteriormente descritos.

RESPONSABILIZAMOS

Al Señor EDUARDO ESQUIVEL Secretario de Gobierno del Departamento del Cesar, así como a la Gobernación del Departamento del Cesar, por las afirmaciones calumniosas e injuriosas que ponen en riesgo la vida y la integridad de las comunidades que se movilizan y de las organizaciones de derechos humanos que las acompañan. 

EXIGIMOS

Que de manera URGENTE se requiera al Sr. EDUARDO ESQUIVEL Secretario de Gobierno del Departamento del Cesar, por parte de la Defensoría del Pueblo Regional Cesar como garante, la ONU y MAPP-OEA como acompañantes, para que este aclare y se retracte de las afirmaciones calumniosas entregadas a Radio Guatapurí.

En el mismo sentido, instamos a que con carácter PRIORITARIO la mesa de garantías de para la protesta social creada en el marco de la concertación, diseñe y ejecute un procedimiento efectivo para evitar señalamientos y estigmatizaciones contra las Comunidades del Alto Bobalí, Centro y Sur del Cesar que se manifiestan en el marco del paro nacional.

COMITÉ DE PROMOCIÓN Y ACCIÓN JURÍDICA POPULAR

jueves, 20 de mayo de 2021

SEÑALAMIENTOS CONTRA MANIFESTANTES Y DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS EN CURUMANÍ - CESAR


Denunciamos ante la comunidad Nacional e Internacional y Organismos de Control  los señalamientos y estigmatización que vienen ejerciendo miembros de la policia nacional y de la Sijin adscritos a la Estación de policía del municipio de Curumaní - Cesar, hechos que se presentaron en el marco del Paro Nacional durante el transcurso del día 19 de mayo de 2021. 
 
El 19 de mayo de 2021, aproximadamente a las 7:40 de la noche, en la calle 7 con carrera 7 del municipio de Curumaní - Cesar, el joven JHON MARIO SANTIAGO ASCANIO de 26 años de edad, miembro comunal y campesino de la región, se disponía a comprar alimentos en una tienda del Barrio San Isidro, cuando fue interceptado por una patrulla y dos motorizados de la policía, mientras tanto dos personas huyeron del lugar.

En su momento a Jhon Santiago se le exigieron sus documentos personales, manifestando que no los tenía ahí, motivo por el cual lo requisan, sin embargo procede a suministrar su número de cédula para que verificarán en el sitio su identidad, mientras se realizaba el procedimiento, los policiales comenzaron a hacerle preguntas tales como. ¿De dónde viene? ¿Qué está haciendo en Curumaní? ¿Por qué corrieron las otras dos personas? ¿Los conoce?, seguidamente proceden a subirlo a la patrulla y lo conducen a la Estación de Policía con el fin de verificar antecedentes y la plena identidad.

Ya en la estación de policía, lo sentaron en una silla afuera de la oficina de la Sijin, donde es interrogado nuevamente: ¿A qué se dedicaba? ¿De dónde venía?  ¿Dónde había estudiado? ¿En qué barrio vivía?, los que corrieron son guerrillos vociferaban los miembros de la Sijin. Durante el procedimiento de identificación, lo estuvieron fotografiando desde los celulares personales de los agentes de policía y de la Sijin.

Lo más grave, es que le preguntan si venía a la protesta y le exigen que mencione el “nombre de los líderes de la protesta”, entre las personas que relacionan y señalan: ¿qué si el líder era un hombre de chaleco, gordo, moreno y con barba el que organizaba? que ya lo tenían identificado afirman los miembros de la Sijin, igualmente, relacionan a una persona morena, alta, delgada y que tenía una camioneta azul oscura y que si esa persona estaba metida en el paro y en la organización del mismo.

Asimismo, le preguntaron el por qué su presencia en el paro, ¿Que cuánto le habían pagado? Y si esto lo habían hecho las dos personas de las que se hace descripción física. Le reiteran los funcionarios de la Sijín y de la policía en tono amenazante que si sigue en el paro “lo vamos a llevar al pote”, haciendo alusión a que lo iban a judicializar y encarcelar.

El Abogado y Defensor de Derechos Humanos ROMMEL DURÁN  llegó a la Estación de policía para indagar por la detención y conducción del señor JHON SANTIAGO, ya en el sitio salen varios policiales a la puerta.  Uno de ellos, como se observa en la fotografía, lo estuvo grabando y tomando fotos todo el tiempo, lo dejan ingresar a verificar la situación jurídica de JHON, y es abordado por 3 miembros de la Sijin (vestidos de civil y con un carriel), y en presencia de dos policiales mas, fue increpado por los funcionarios de la Sijin.   Uno de ellos de contextura gruesa y barbado y le exige que se debe retractar de la denuncia que se había hecho en horas de la mañana, otro funcionario bajito, moreno y delgado lo señala de ser la persona que esta organizando la movilización y le dice que ¿cuánto le está pagando a la gente para que salga al paro?.  Asimismo, que por qué una organización de derechos humanos de Bucaramanga estaba en el municipio de Curumaní, que eso estaba muy raro, que nunca lo había visto en la región, que cuál era el papel del defensor en materia de derechos humanos, que porque denunciaba a la institución que si estaba sesgado, etc...

Se cuestiona que tenga esquema de seguridad y se ha observado a los miembros de la policía fotografiando la camioneta y a los escoltas  (Unidad Nacional de Protección - UNP), lo que coloca en riesgo la vida de ROMMEL DURÁN, de los miembros de su esquema y del resto del equipo de trabajo de nuestra corporación que se encuentra en la región trabajando.

Sobre las 8:50 de la noche y una vez verificada la identidad de JHON SANTIAGO, se deja constancia en el libro de minutas de la salida del labriego, que suscriben las partes.

Preocupa que las dos personas descritas por parte de los funcionarios de la policía y de la sijin, corresponde al Defensor de Derechos Humanos ROMMEL DURÁN miembro del Comité de Promoción y Acción Jurídica Popular y un miembro de la Asociación de Educadores del Cesar – ADUCESAR, quienes exigían garantías para la movilización y respeto por los derechos humanos.

Exigimos garantías para el ejercicio de la promoción y defensa de los derechos humanos, asimismo, denunciamos que dichos señalamientos pueden terminar el día de mañana con un posible montaje judicial.

COMITÉ DE PROMOCIÓN Y ACCIÓN JURÍDICA POPULAR

DENUNCIA PÚBLICA

Como Organización de Derechos Humanos, nos permitimos dar a conocer la presente denuncia pública, la cual transcribimos.

MOVIMIENTOS SOCIALES DEL CARMEN, CENTRO Y SUR DEL CESAR, DENUNCIAMOS ESTIGMATIZACIÓN Y EXIGIMOS GARANTÍAS PARA LA PROTESTA SOCIAL


Las comunidades organizadas como parte del movimiento campesino, comunal, y estudiantil, de los municipios de El Carmen (N. de Sder), Curumaní, Chimichagua y Pailitas del departamento del Cesar; aclaramos ante la comunidad y particularmente al sector del comercio que nos venimos sumando pacíficamente a las jornadas de movilización en el marco del PARO NACIONAL.

Denunciamos y advertimos ante organismos nacionales e internacionales, entes de control, organizaciones de Derechos Humanos y comunidad en general, sobre estigmatizaciones, señalamientos y detenciones arbitrarias de las cuales hemos sido víctimas en los últimos días por parte de la Policía Nacional de Curumaní - Cesar.

La Policía Nacional de manera malintencionada ha infundido temor y zozobra a los comerciantes y habitantes del casco urbano del municipio, argumentando que los manifestantes exigen que el comercio se debe cerrar. Por tal motivo desmentimos estas afirmaciones que nos ponen en riesgo y aclaramos que la movilización se ha mantenido pacífica.

Por el contrario, la estigmatización y las detenciones arbitrarias sí constituyen una acción violenta y provocadora, que busca satanizar el disenso y da cuenta del tratamiento de guerra que se le está dando a la protesta social.

EXIGIMOS EL CESE INMEDIATO DE ESTE ACCIONAR INTIMIDATORIO POR PARTE DE LA FUERZA PÚBLICA CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL

miércoles, 19 de mayo de 2021

DETENCIONES ARBITRARIAS PREVIAS A LA JORNADA DE PARO NACIONAL 19M EN CURUMANÍ - CESAR

Estación de Policía de Curumaní - Cesar

Miembros de la policía nacional, adscritos a la Estación de Policía del Municipio de Curumaní - Cesar, realizan detenciones arbitrarias a jóvenes campesinos miembros del MOVIMIENTO DE TRABAJADORXS CAMPESINXS Y COMUNIDADES DEL CESAR - MTCC, en el marco del PARO NACIONAL del 19M. 
 
Aproximadamente a las 7:00 de la mañana del 19M, fueron detenidos de manera arbitraria e ilegal los jóvenes campesinos OSNEIDER VERGARA, DIEGO HERNÁNDEZ, CRISTIAN QUINTERO Y MARTÍN BARAHONA, cuando se desplazaban desde el corregimiento de Santa Isabel hacia el municipio de Curumaní (Cesar), para participar de las actividades del PARO NACIONAL dentro de la marcha-plantón convocada. En el casco urbano del municipio de Curumaní en la Iglesia El Carmen ubicada a unos 200 metros de la Estación de policía, fueron abordados por 20 efectivos de la policía y al dar a conocer que iban para la marcha-plantón, los policiales les indica que quedan detenidos y que deben ser conducidos a la Estación de policía de Curumaní sin explicar el motivo de la misma. 
 

La detención arbitraria de OSNEIDER, DIEGO, CRISTIAN Y MARTÍN, se prolongó por alrededor de 4 horas durante las cuales fueron interrogados sin presencia de su abogado de confianza, o de algún miembro del ministerio público, también fueron fotografiados por miembros de la sijin frente a los carteles de la policía como si fueran un trofeo, sumado a que estuvieron esposados gran parte del tiempo, sin que les informaran los motivos de su detención. 
 
El abogado y defensor de Derechos Humanos ROMMEL DURAN, llegó a la Estación de policía sobre las 9:30 de la mañana para indagar sobre los motivos de la detención de los jóvenes labriegos y que se permitiera la entrevista con los mismos, dado que es un derecho fundamental, sin que se permitiera la misma, por el contrario, fue fotografiado y empadronado por los agentes de la policía de la Estación. 
 
Sobre las 10:15 a.m., el Patrullero Franklin Acuña, nos informa que los jóvenes no están capturados, que solo fueron conducidos para temas de identificación, resaltando que dos de los jóvenes eran menores, y que al revisar una de los bolsos encontraron una cauchera y varias máscaras antigases y que eso indicaba que venían a realizar actos vandálicos, elementos que se desconocen su origen y procedencia, lo que indica que se quería hacer un montaje judicial para dar resultados de capturas y judicializaciones. 
 
Durante la detención arbitraria, fueron impetrados y hostigados con señalamientos tales como “¿qué frente guerrillero los reunió a ustedes? y ¿cuánto les están pagando?”, “¿Les están pagando doscientos mil pesos?”, “¿por qué motivo venían a la marcha? y ¿por qué protestaban?”, “¿qué cabecilla los había reunido?”, el joven Diego manifestó que en estos días ingresaba al ejército y la respuesta de la policía fue “Mínimo va para la guerrilla”. A otro de los jóvenes le preguntaron “¿A qué banda pertenece?”, siempre les decían que tocaba llevarlos a la estación como si fueran unos perros, señalamiento y acusaciones sin fundamento e irregulares sin la presencia de abogado. 
 

Les hicieron colocar la huella digital en documentos que no les dejaron leer, también les hicieron firmar los mismos documentos, a todos independientemente de que fueran o no menores de edad. Surgen varias preguntas: ¿Por qué estuvieron esposados los jóvenes si era un supuesto procedimiento de verificación de antecedentes? ¿Por qué les tomaron fotografías como si fueran delincuentes cuando el procedimiento no era de judicialización? ¿Por qué los señalan de pertenecer a la insurgencia si el procedimiento era de verificar cédulas? ¿qué van a hacer con los documentos que les hicieron firmar a los jóvenes y las fotografías que les tomaron? ¿será que van a terminar en las centrales de inteligencia para posteriormente fabricar un montaje judicial?
 
Durante estos procedimientos irregulares, violatorios de los derechos humanos y del debido proceso, la Comunidad Campesina del Centro del Cesar, El movimiento Estudiantil y ADUCESAR, se desplazó frente de la Estación de Policía, para exigir la libertad de los labriegos detenidos arbitrariamente, y exigir garantías para la movilización y el respeto a los Derechos Humanos, realizando un plantón exigiendo que cese la criminalización y el tratamiento de guerra contra la protesta social. 
 

Sobre las 11:30 a.m., y con la marcha frente a la Estación de Policía, los 4 jóvenes labriegos fueron dejados en libertad. 
 
A parar para avanzar ¡viva el PARO NACIONAL! 
 
¡Vamos pueblo carajo! ¡El pueblo no se rinde carajo! 
 
¡Por el Cesar y su gente, el MTCC presente, presente, presente! 
 
MOVIMIENTO DE TRABAJADORXS, CAMPESINXS Y COMUNIDADES DEL CESAR - MTCC
 
COMITÉ DE PROMOCIÓN Y ACCIÓN JURÍDICA POPULAR 
 
 

miércoles, 10 de marzo de 2021

DETENCIÓN ARBITRARIA EN "LA GABARRA" -Norte de Santander- POR PARTE DEL EJÉRCITO COLOMBIANO

DENUNCIA PÚBLICA 

FF.MM que realizarón Detención Arbitraria

Los hechos se presentaron el 09 de Marzo de 2021, contra el campesino JESÚS ALIRIO MARCIALES, en la vereda El Silencio del corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú -Norte de Santander-.

Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, organismos de control como la defensoría del pueblo y procuraduría general de la nación, la detención arbitraria de la cual fue víctima el labriego JESÚS ALIRIO MARCIALES, miembro comunal, quien por información de la comunidad, fue detenido el 09 de marzo de la presente anualidad, cuando miembros de las Fuerzas Militares adscritos a la Brigada 30 llegaron sobre las 5:00 a.m., a la Vereda El Silencio del Corregimiento La Gabarra del municipio de Tibú - Norte de Santander.

Los miembros del ejército llegaron a la finca del Campesino Juan Nariño, una vez en el sitio detienen arbitrariamente a Jesús Alirio Marciales, señalándolo de ser otra persona, se lo llevan para un potrero para ocultar su detención, toda vez que por la hora estaba muy oscuro todavía, no le dieron información a su esposa quien insistía le dijeran el porqué de la detención y el sitio a donde lo iban a llevar, sin que le dieran respuesta alguna.

Las comunidades campesinas al enterarse de la detención del labriego, comenzaron a buscarlo desde las 6:00 de la mañana en la vereda el Silencio; posteriormente se dirigen a la vereda Cuatro Ranchos que es colindante, en la cual hay una unidad militar, sin que estuviera Jesús allí. Sobre las 11:00 de la mañana se pudo saber donde lo estaban ocultando, y entre las 12:00 y 1:00 de la tarde fue liberado ante la exigencia de las comunidades por tratarse de una detención arbitraria contra un campesino de la región, trabajador y miembro comunal.

Estas prácticas de los organismos militares y de inteligencia no son nada nuevo, pero se vienen intensificando desde comienzos del presente año en el departamento de Norte de Santander, especialmente en la región del Catatumbo. Dicha situación coloca en riesgo inminente a las comunidades campesinas siendo violatorias de los derechos humanos.

Por lo anterior, las comunidades Campesinas del Catatumbo rechazan la militarización de los territorios, respeto a los derechos humanos y al DIH.

Solicitamos a los organismos de control, se investiguen las conductas violatorias del Debido Proceso mediante las cuales los militares vienen suplantando funciones judiciales que no le corresponden, las que son propias de la policía judicial.

10 de marzo de 2021

COMITÉ DE PROMOCIÓN Y ACCIÓN JURÍDICA POPULAR

jueves, 19 de noviembre de 2020

COMUNIDADES CAMPESINAS Y CONSEJOS COMUNITARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR SE SUMAN AL PARO NACIONAL DEL 19 DE NOVIEMBRE

Los Consejos Comunitarios de La Sierra - V. Cruce - V, Estación, Vereda Agua Fría, Vereda Cerrajones y Rincón Hondo, al igual que las comunidades campesinas de San Roque, Curumaní y Santa Isabel; demás comunidades afectadas por la Ruta del Sol  tramo III - Concesionaria Yuma en el Cruce Chiriguaná - Cesar, comerciantes, transportadores, vendedores estacionarios y ambulantes entre otros, nos juntamos conscientes de que los reclamos del movimiento popular en el gran PARO NACIONAL del 19 de Noviembre son urgentes y legítimos.
 
Así pues, las Comunidades campesinas y negras exigimos condiciones de vida digna, salud, educación y garantías para la permanencia en el territorio, respeto por nuestra cultura y derechos comunitarios.
 
Rechazamos la militarización de nuestros territorios, cuerpos y cotidianidades; exigimos la garantía de la protesta social como un derecho de los pueblos reconocido constitucionalmente y en el derecho internacional; decidimos movilizarnos por la defensa del campo y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos,  por tanto rechazamos los Tratados de Libre Comercio, el fracking, y en general la imposición de economías extractivas que se ha agudizado bajo el nefasto gobierno Duque.
 
Reclamamos el respeto de los derechos de vendedores ambulantes y estacionarios como el derecho al trabajo, al mínimo vital, y a la permanencia en el territorio en condiciones dignas afectados por la Concesionaria YUMA.  En ese sentido, exigimos el reconocimiento por la Autonomía de la Asociación de Hogares comunitarios Mixta la Sierra.
 
Conscientes de que solo la lucha popular abrirá caminos para la vida digna de los pueblos, nos movilizamos mandatando que pare el genocidio contra luchadores sociales, por el respeto a la vida y la permanencia en nuestros territorios.
 
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS - PCN
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO - CNA
COMITÉ DE PROMOCIÓN Y ACCIÓN JURÍDICA POPULAR
 
El cruce (Chiriguaná)
 




 
Pelaya








martes, 30 de junio de 2020

ORGANISMOS DE INTELIGENCIA PRESIONAN A CAMPESINOS PARA QUE HAGAN PARTE DE LA RED DE COOPERANTES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional y organismos de control, los actos de PERFIDIA que están cometiendo organismos de inteligencia de las Fuerzas militares y de la Fiscalía General de la Nación, quienes vienen haciéndose pasar como funcionarios de la Defensoría del Pueblo y más grave aún, como Defensores de Derechos Humanos, abordando a campesinos y campesinas del departamento del Cesar, amenazándolos con judicializarlos si no se integran a la red de cooperantes, exigiéndoles señalar a labriegos de la región, como miembros de la insurgencia.
 
En un primer momento llaman a los campesinxs directamente o mediante algún familiar, les dicen que son de la Defensoría del Pueblo, en otros casos están presentando como Defensores de Derechos Humanos, diciéndoles que tienen información sensible que compartirles personalmente o que vienen con programas de ayuda económica; una vez los ubican son subidos en camionetas de platón 4x4 que no tienen insignias de ninguna institución gubernamental o estatal, ni placas oficiales, identificándose con los nombres de JUAN y ANDRÉS, transportándolos del municipio de origen a otros municipios  y corregimientos por la vía Ruta del Sol sin parar en ningún lado, mientras conversan con ellos, haciéndoles ofrecimientos de estudio, protección de sus familias, incentivos económicos, al no aceptar, se les amenaza con judicializarlos o se les intimida utilizando frases como “La libertad es bonita y la vida también”, lo que indica una velada amenaza de muerte.
 
Estas prácticas de los organismos de inteligencia no son nada nuevo, pero se vienen intensificando desde finales de mayo del presente año en el departamento. Dicha situación coloca en riesgo inminente a las comunidades campesinas, al pretender vincularlas en una actividad al servicio de las fuerzas militares, que nada tiene que ver con la población civil.
 
Por lo anterior, solicitamos a los organismos de control, se investiguen las conductas violatorias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, exigiendo a los organismos de inteligencia del Estado no suplantar entidades y organismos netamente civiles como la Defensoría del Pueblo y los Defensores de Derechos Humanos, con el fin de reclutar forzadamente a pobladores del departamento del Cesar pretendiendo vincularnos al conflicto armado.
 
Julio 1 de 2020

COMITÉ DE PROMOCIÓN Y ACCIÓN JURÍDICA POPULAR